La Fiscalía de Oruro rechazó ayer la versión sobre un supuesto atentado que hubiese ocurrido contra la pasarela que se desplomó el 1 de marzo de 2014, provocando la muerte de cinco personas y 92 heridos, cuando se realizaba el Carnaval de Oruro, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.
El fiscal de materia, Aldo Morales Alconini, dijo ayer que nadie sabe, dentro del Ministerio Público, “quién hubiese proporcionado ese dato a la alcaldesa municipal, Rossío Pimentel, de que se hubiese cometido un atentado al sacar dos pernos de la pasarela y que supuestamente habría provocado el desplome de esa estructura de fierro”. Afirmó que, sobre el caso de la pasarela, “nadie conoce esa versión, mucho menos los investigadores, más por el contrario, se está esperando un informe pericial de parte de los profesionales de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, para conocer la calidad de la estructura metálica que se colocó en la avenida 6 de Agosto, esquina Cochabamba y los motivos por los cuales se habría caído”.
Expresó que, por el contrario, se ha podido advertir que en la pasarela, “se habría sujetado con alambres algunas partes de la estructura, hecho que sigue en investigación y que se determinará la responsabilidad en el momento preciso, para conocimiento de la población”.
El desplome de la pasarela metálica del Carnaval de Oruro provocó la muerte de cuatro músicos de la banda espectacular Poopó, que es diferente a la banda intercontinental Poopó. En el hecho, también murió un espectador.
La alcaldesa municipal, Rossío Pimentel, descartó para el Carnaval 2015 la utilización de las pasarelas metálicas, porque “no garantiza seguridad para los peatones que quieren circular por ese sector”.
Por el momento, el gerente de la empresa Iteca, de La Paz, Alfredo Navarro, es uno de los principales implicados en el desplome de la pasarela, a quién la alcaldesa Pimentel había pagado 28.300 bolivianos únicamente por la instalación de una pasarela. Por las otras tres pasarelas, también se pagó similar monto por cada una, con recursos de la Municipalidad.
En el mismo proceso, se encuentran con medidas sustitutivas tres técnicos de la Municipalidad de Oruro, porque supuestamente “no efectuaron una verificación de la instalación de las pasarelas” y si estaban los pernos o no en el momento de la recepción.
El fiscal Morales consideró que “si se pagó 28.300 bolivianos por la instalación, preservación y desmontaje de la pasarela, la principal responsable de la estructura metálica, es precisamente la empresa Iteca”. Sin embargo, dijo que ahora faltan “informes periciales” sobre la calidad de la estructura para terminar la investigación del caso de la pasarela del Carnaval de Oruro.
La comisión de fiscales está integrada por Alfredo Santos, Lindon Requena y Aldo Morales.
Según la Alcaldesa, sin prueba alguna, dijo que “se habrían sacado dos pernos a las 4 de la mañana de esa pasarela y eso habría debilitado la estructura”.
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