El proyecto de ley para regular las actividades del Carnaval 2015, puesto a consideración del pleno del ente deliberante, será devuelto a la alcaldesa Rossío Pimentel, para que este documento sea enviado con un acta de consenso entre los organizadores de la Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.
La Ley 602, establece en su artículo segundo, que la organización y programación de las actividades del Carnaval de Oruro estarán a cargo de la Alcaldía, Asociación de Conjuntos del Folklore Oruro (ACFO) en coordinación con el Comité Departamental de Etnografía y Folklore.
La Comisión Administrativa y Financiera del Concejo, presidida por Evelín Fernández, presentó a sus colegas, un informe de aprobación del proyecto de ley remitido por el ejecutivo, el cual fue observado por los concejales.
Tras la lectura del informe, los concejales observaron la unilateralidad de la norma en su elaboración, observando la falta de un acta de consenso de los tres entes organizadores, ante esto la mayoría aprobó para que se devuelva al ejecutivo hasta que se adjunte lo solicitado.
Por su lado, el concejal Rodolfo Uyuni, observó que en uno de sus artículos el proyecto, refiere que en base a un Decreto Municipal, se establecerán las tasas para la venta de espacios. "Esta es una irregularidad, porque la Ley 482 (de Gobiernos Autónomos Municipales), establece que con ley municipal se modifican estas tasas y no con decreto", cuestionó.
ÍTEM
La misma comisión en otro informe rechazó la creación del ítem y la modificación presupuestaria, solicitada por la Máxima Autoridad Administrativa (MAE) del Concejo, Carmen Panozo.
"Los informes técnico y legal, no indican que se apruebe esta solicitud, siendo que, la posesión, fue irregular, y que antes de su posesión debía haberse creado ese ítem, y asignar el presupuesto, yo no entiendo la forma en la que se designó a esta funcionaria, yo me abstuve desde un principio y recordé al directorio la irregularidad que se cometió", explicó la concejala Fernández.
A esto se sumaron los concejales Rodolfo Uyuni y Juan José Ramírez, cuestionando también la falta de personal de apoyo o asistencia técnica, además de otros servicios como teléfono e internet.
"Lamentamos, la administración actual del Concejo, a pesar de que en su momento se apoyó la separación de órganos, que no se está poniendo en práctica. Para el ítem y el presupuesto para el salario de la funcionaria, primero debía efectuar trámites administrativos, estableciendo un organigrama y un presupuesto para la MAE, que no se hizo", dijo Uyuni.
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